¿Quién no paga derechos de autor? Fuenteovejuna señor". Esta ingeniosa paráfrasis de la famosa frase de la obra El Alcalde de Zalamea, de Lope de Vega, ha sido acuñada por los habitantes de la población en donde la vienen representando desinteresadamente desde hace muchos años. Mantienen estas personas que es injusto que la Sociedad General de Autores de España (SGAE) quiera cobrar por una obra que, por su antigüedad, no genera derechos de autor, pero la entidad argumenta que lo que sí los genera, es la adaptación de Francisco Brynes que están utilizando.
Muchos años (siglos) han pasado desde que Lope describiera la impotencia de un pueblo, que ante los continuos abusos de su Comendador, opta por matarlo. Afortunadamente hoy, el estado constitucional que tenemos en España nos ofrece otros medios menos contundentes para dirimir conflictos. Es decir, que si la SGAE, conforme a la legalidad vigente, pretende cobrar unas tasas y alguien no está de acuerdo, tiene dos posibilidades. Primera, que piense que la entidad está aplicando la norma con criterios injustos, en cuyo caso debe presentar el recurso administrativo correspondiente, y si no obtiene satisfacción acudir a los Tribunales de Justicia. Segundo, que el desacuerdo sea con la ley que se está aplicando -no se olvide que como todas las leyes, está aprobada en sede parlamentaria-. Entonces debe promover su modificación. Mientras tanto la normativa obliga a todos. Dura lex, sed lex (la ley es dura, pero es la ley).
Naturalmente, todo esto es compatible con la creación de un estado de opinión por los medios oportunos, pero de una forma racional y mesurada.
.Francisco Bernabé Roca 2-IX-09
Muchos años (siglos) han pasado desde que Lope describiera la impotencia de un pueblo, que ante los continuos abusos de su Comendador, opta por matarlo. Afortunadamente hoy, el estado constitucional que tenemos en España nos ofrece otros medios menos contundentes para dirimir conflictos. Es decir, que si la SGAE, conforme a la legalidad vigente, pretende cobrar unas tasas y alguien no está de acuerdo, tiene dos posibilidades. Primera, que piense que la entidad está aplicando la norma con criterios injustos, en cuyo caso debe presentar el recurso administrativo correspondiente, y si no obtiene satisfacción acudir a los Tribunales de Justicia. Segundo, que el desacuerdo sea con la ley que se está aplicando -no se olvide que como todas las leyes, está aprobada en sede parlamentaria-. Entonces debe promover su modificación. Mientras tanto la normativa obliga a todos. Dura lex, sed lex (la ley es dura, pero es la ley).
Naturalmente, todo esto es compatible con la creación de un estado de opinión por los medios oportunos, pero de una forma racional y mesurada.
.Francisco Bernabé Roca 2-IX-09
Publicado en La Opinión de Murcia de 5-IX-o9, en la pág. 34 de EL PAÍS de 6-IX-09, y en la pág. 23 de El País de15-IX-09.
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